Si hay un problema que afecta, digamos que a un millón de personas, y desde la actividad privada se ofrece una solución que puede beneficiar a cien mil de ellas, con toda seguridad que habrá felicitaciones para el que implemente esa propuesta, además de ganancias para el negocio exitoso.
La responsabilidad del funcionario del Estado es mayor. La solución tiene que ser pensada para la mayoría, sino para la totalidad de los afectados.
Sin embargo, no se trata de que el Estado ejecute directamente todas las acciones destinadas a solucionar el problema, sino que debe ser el promotor y articulador de "segundo piso" que dinamice el accionar de la actividad de los privados, como empresas y comunidad.
Por otro lado, en una economía social de mercado, el empresario privado actúa en función de la rentabilidad económica y financiera que le pueda convenir; mientras que el funcionario público debe considerar la rentabilidad social, que implica eliminar el problema en cuestión.
Eduardo Lastra D.
asesoria@ilade.edu.pe
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